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Históricamente, científicos de todo el mundo han explorado la biodiversidad existente en zonas geográficas muy ricas como la selva amazónica u otros nichos geográficos prístinos. Dichos estudios dieron lugar muchas veces a descubrimientos que han redituado en beneficios a nivel tecnológico, con apropiación industrial de los mismos, sin mediar reconocimiento ni ganancia alguna para el país que alberga dicha biodiversidad. Con el advenimiento de la era genómica y post-genómica esta situación ha empeorado, dado que la información genética almacenada en bases de datos públicas puede ser utilizada por cualquier interesado, incluyendo empresas que deseen explotarlos con fines comerciales. Frente a esta situación, la ONU propició un entendimiento internacional, a fin de reconocer el origen de la biodiversidad y los esfuerzos realizados para estudiarla. Esto llevó a la firma del Protocolo de Nagoya, el cual entró en vigor el 12 de octubre de 2014. Uruguay ratificó este protocolo ese mismo año, participando activamente en las actividades relacionadas con el mismo. El objetivo del Protocolo de Nagoya es la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, contribuyendo así a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica.